El presidente del FC Barcelona niega su implicación y alega que su notoriedad le ha llevado a ser señalado en el casoFinal del formulario

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Joan Laporta, investigado por una presunta estafa de 4,7 millones de euros

Siempre en el ojo del huracán. Normalmente por sus polémicas celebraciones, digamos que dudodas gestiones, como el reciente caso de Dani Olmo, o por alguna declaración salida de tono. Pero, en esta ocasión, se trata de algo diferente. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido citado a declarar como investigado por una presunta estafa de 4,7 millones de euros. La denuncia ha sido presentada por una familia que, tras ganar 34 millones en la lotería Primitiva en 2014, invirtió 2,4 millones en la sociedad CSSB Limited, con sede en Hong Kong, bajo la promesa de obtener una rentabilidad anual del 6%.

Laporta se desvincula del caso y apunta a Joan Oliver

Durante su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, Laporta negó cualquier implicación en la estafa y aseguró que su vinculación en el caso responde únicamente a su notoriedad pública. Además, señaló a Joan Oliver, exdirector general del Barça y gestor de CSSB, como el responsable de la gestión de la empresa. Según su versión, desconocía los detalles de la operación y no participó en la inversión que se le atribuye.

Por su parte, la familia denunciante sostiene que, tras recibir solo una fracción de los beneficios prometidos, intentó contactar con Laporta sin obtener respuesta. La investigación busca determinar si los fondos fueron desviados y esclarecer la participación real de cada implicado.

Más personas investigadas y posibles responsabilidades

Junto a Laporta, otras dos personas han sido investigadas en relación con la presunta estafa: el propietario de un concesionario de lujo donde la familia compró un vehículo y su pareja, entonces agente externa de una entidad bancaria. Ambos admitieron haber recomendado la inversión en CSSB, argumentando que su credibilidad se basaba en la supuesta participación de figuras públicas.

La investigación sigue en curso y se esperan nuevas diligencias judiciales en las próximas semanas para determinar las responsabilidades en el caso