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África occidental rompe con la Corte Penal Internacional: Mali, Burkina Faso y Níger anuncian su retirada

El 23 de septiembre de 2025, los gobiernos militares de Mali, Burkina Faso y Níger comunicaron oficialmente su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), en un gesto conjunto que marca un punto de inflexión en la relación de África con el sistema de justicia penal internacional. La retirada, que entrará en vigor conforme al procedimiento establecido por el Estatuto de Roma, ha sido justificada por los tres Estados como una respuesta a lo que califican de “instrumento de represión neocolonial”.

Contexto político y jurídico

Desde sus recientes golpes de Estado, los regímenes militares de Bamako, Uagadugú y Niamey han reforzado su cooperación en materia de seguridad y política exterior. La creación de la Alianza de Estados del Sahel (AES) en 2023 ya anticipaba una ruptura con Occidente, tanto en el plano militar como diplomático. La decisión de abandonar la CPI se enmarca en este giro geopolítico hacia una mayor autonomía y rechazo a las instituciones internacionales percibidas como impuestas desde fuera.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, fue creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar los crímenes más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, más recientemente, el crimen de agresión. Aunque concebida como un tribunal de alcance universal, su legitimidad ha sido cuestionada repetidamente por Estados que consideran que su actuación se centra de manera desproporcionada en África.

Las críticas: ¿justicia selectiva?

Uno de los argumentos centrales de Mali, Burkina Faso y Níger es la “selectividad” de la justicia internacional. De los más de 30 casos abiertos por la CPI desde su creación, una mayoría abrumadora se han centrado en países africanos, mientras que crímenes cometidos en otras regiones no han recibido la misma respuesta judicial.

A ello se suma la percepción de que la Corte responde más a intereses políticos de potencias occidentales que a una verdadera universalidad de la justicia. En palabras del portavoz del gobierno de Burkina Faso: “No aceptaremos más ser el terreno de experimentación de una justicia internacional que ignora los abusos cometidos por los poderosos en otras partes del mundo”.

Consecuencias jurídicas y políticas

La retirada de estos tres Estados supone un golpe simbólico y práctico para la CPI. En el plano jurídico, la Corte perderá competencia sobre futuros crímenes cometidos en sus territorios, salvo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remita los casos, como ocurrió con Sudán y Libia. Sin embargo, la salida no afecta a los procedimientos ya iniciados ni impide que la CPI juzgue crímenes cometidos antes de la fecha de efectividad de la retirada.

En lo político, la decisión refuerza la narrativa de que África debe construir mecanismos propios de justicia regional. Ya existen iniciativas en este sentido, como el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, aunque su alcance y eficacia han sido limitados. La posibilidad de que la AES impulse una corte regional de justicia penal comienza a ganar terreno.

Riesgos para las víctimas

Las organizaciones de derechos humanos han reaccionado con preocupación. Para Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la decisión abre la puerta a un mayor nivel de impunidad en una región marcada por conflictos armados, terrorismo y graves violaciones de derechos humanos. La ausencia de un mecanismo internacional independiente dejaría a miles de víctimas sin garantías de reparación ni justicia efectiva.

Una tendencia en expansión

No es la primera vez que un país africano plantea su salida de la CPI. En 2016, Burundi se convirtió en el primer Estado en retirarse formalmente, y otros como Sudáfrica y Gambia anunciaron su salida, aunque luego revirtieron la decisión. Sin embargo, el hecho de que tres países lo hagan de manera coordinada marca un precedente de gran envergadura.

La pregunta de fondo es si estamos ante un episodio aislado o el inicio de una desafección regional que pueda arrastrar a más Estados del continente. Lo cierto es que, en un contexto de creciente polarización internacional y crisis de legitimidad de los organismos multilaterales, la CPI enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia.

La erosión de las instituciones internacionales

La retirada conjunta de Mali, Burkina Faso y Níger no solo cuestiona la eficacia de la Corte Penal Internacional, sino que refleja una crisis más amplia de las organizaciones internacionales. Instituciones como la ONU, la CIJ o la propia CPI fueron concebidas tras la Segunda Guerra Mundial y en los años noventa con la aspiración de universalidad, imparcialidad y primacía del derecho internacional.

Sin embargo, en la práctica se enfrentan a tres problemas recurrentes:

A. Selectividad en la aplicación de la justicia: los Estados perciben que las decisiones de estos organismos responden a los intereses geopolíticos de las grandes potencias.

B. Falta de mecanismos coercitivos reales: salvo en casos excepcionales, carecen de herramientas efectivas para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones.

C. Desafección de los Estados miembros: cuando los países consideran que los beneficios de permanecer son menores que los costes políticos, optan por retirarse o desobedecer.

En este contexto, la decisión de los tres países del Sahel es un síntoma del debilitamiento estructural de la justicia internacional. Si los Estados perciben que el sistema no es imparcial ni eficaz, la tendencia será crear foros alternativos —más regionales, más alineados con sus intereses inmediatos—, dejando de lado el ideal de un derecho internacional verdaderamente universal.