Este artículo analiza el papel de la simulación como herramienta docente en la formación jurídica. Se revisan sus fundamentos teóricos, modalidades, beneficios y limitaciones, así como experiencias internacionales y el impacto en las competencias profesionales de los futuros juristas. Se concluye que la simulación, lejos de ser un accesorio, constituye una estrategia pedagógica esencial para modernizar la enseñanza del Derecho.

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El uso de la simulación como herramienta docente: impacto en la formación del ámbito jurídico

Introducción

La enseñanza del Derecho ha estado tradicionalmente vinculada a la transmisión teórica de normas, principios y jurisprudencia. Durante siglos, la metodología predominante fue expositiva: clases magistrales, lectura de textos legales y resolución escrita de casos. El aula se configuraba como un espacio de explicación unidireccional donde el profesor encarnaba la autoridad académica y el estudiante adoptaba un rol pasivo. Este modelo, heredero de las universidades medievales y consolidado en los siglos XIX y XX, respondió durante mucho tiempo a las necesidades de una sociedad que requería juristas conocedores de la ley, pero no necesariamente entrenados en destrezas prácticas (Calvo, 2018).

Sin embargo, la evolución de la educación superior y las demandas de una sociedad cada vez más compleja han puesto en cuestión la suficiencia de este paradigma. Hoy se reclama una formación más crítica, interdisciplinaria y orientada al desarrollo de competencias profesionales y sociales (Biggs & Tang, 2011). El jurista contemporáneo no solo debe interpretar y aplicar normas: también necesita habilidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo y sensibilidad ética. En este contexto, la simulación como estrategia pedagógica ha emergido como un recurso de enorme valor para la formación de futuros profesionales del ámbito jurídico.

La simulación en la enseñanza: fundamentos teóricos

La simulación puede definirse como la recreación de situaciones verosímiles en un entorno controlado con fines de aprendizaje. No se trata de un simple juego de roles, sino de una metodología estructurada que coloca al estudiante en el centro del proceso educativo. Desde la perspectiva del aprendizaje experiencial de Kolb (1984), las personas aprenden mejor cuando pasan por un ciclo que incluye experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación. La simulación reproduce este ciclo con precisión, pues expone al estudiante a una situación práctica, le permite actuar, reflexionar sobre lo vivido y contrastarlo con marcos teóricos para, finalmente, transferir el aprendizaje a escenarios futuros. Schön (1983), con su influyente noción de “profesional reflexivo”, aporta otra clave interpretativa: el aprendizaje profundo ocurre cuando los profesionales son capaces de pensar en la acción y sobre la acción, es decir, de analizar críticamente lo que hacen mientras lo hacen y después de haberlo hecho.

Tipos de simulaciones aplicables al ámbito jurídico

En el campo del Derecho, la simulación puede adoptar múltiples formas.

Los tradicionales juicios simulados o moot courts constituyen probablemente el ejemplo más conocido: en ellos, los estudiantes representan a las partes de un proceso judicial, ejercen los roles de juez, fiscal o abogado defensor y aprenden a argumentar con rigor y creatividad (Knebel, 2010).

Existen también simulaciones de negociación y mediación, que permiten ejercitar técnicas de resolución alternativa de conflictos en un espacio controlado, tan valiosas en un mundo donde los litigios no siempre son la mejor vía (Menkel-Meadow, 2016).

Otra variante es el role-playing aplicado a la asesoría jurídica, en el que los alumnos interactúan con “clientes ficticios” y se enfrentan a dilemas éticos y estratégicos que no suelen aparecer en los manuales (Cownie, 2004).

El desarrollo tecnológico ha ampliado aún más este abanico: plataformas digitales que reproducen expedientes judiciales, softwares de gestión procesal que imitan los sistemas oficiales e incluso entornos de realidad virtual que simulan tribunales (Susskind, 2019). Las clínicas jurídicas, aunque se centran en casos reales, suelen incorporar un componente de simulación como etapa preparatoria, lo que las convierte en espacios híbridos especialmente valiosos (Bloch, 2010).

Beneficios de la simulación en la formación jurídica

Los beneficios de estas prácticas son múltiples y se expresan tanto en el plano individual como en el colectivo. En primer lugar, el aprendizaje se vuelve activo y significativo, pues el estudiante deja de ser un mero receptor de información para convertirse en protagonista del proceso (Bonwell & Eison, 1991). En segundo lugar, se desarrollan competencias transversales de alto valor: habilidades de comunicación oral y escrita, capacidad de negociación, manejo del tiempo, trabajo en equipo y toma de decisiones bajo presión (Salas et al., 2009). La simulación permite también integrar teoría y práctica, al comprobar cómo los conceptos jurídicos se aplican en escenarios concretos y dinámicos. Este tipo de metodología fomenta el pensamiento crítico y ético, dado que los dilemas planteados suelen incorporar dimensiones morales, sociales y políticas que obligan a reflexionar sobre las consecuencias de cada decisión (Rodríguez, 2020). Además, reduce la brecha entre la formación universitaria y el ejercicio profesional, logrando que los egresados lleguen mejor preparados al mundo laboral. Todo ello ocurre en un espacio seguro para el error, donde las equivocaciones no tienen consecuencias reales para terceros, sino que se convierten en oportunidades de aprendizaje y retroalimentación constructiva (Nestel & Tierney, 2007).

Retos y limitaciones

No obstante, la simulación también plantea desafíos que conviene reconocer. La preparación de estas actividades demanda tiempo, recursos y planificación detallada. Organizar un juicio simulado requiere diseñar el caso, asignar roles, preparar materiales y reservar espacios adecuados. A esto se suma la necesidad de formación docente: no todos los profesores están familiarizados con metodologías activas y la transición desde la clase magistral hacia escenarios simulados puede resultar compleja sin capacitación específica (Prince, 2004). La evaluación constituye otro reto, pues medir el desempeño en contextos simulados obliga a diseñar rúbricas claras y consensuadas que permitan valorar tanto el proceso como el resultado. Existe, además, el riesgo de trivialización: si la simulación no se diseña con rigor, puede percibirse como un mero juego sin impacto real en el aprendizaje (Dieckmann, 2009).

Ejemplos y experiencias internacionales

Las experiencias internacionales ofrecen ejemplos inspiradores. En Estados Unidos, los moot courts forman parte de una larga tradición y las law clinics han desarrollado modelos híbridos donde los estudiantes trabajan en casos reales acompañados de ejercicios simulados (Giddings, 2013). En el Reino Unido y Europa continental han proliferado competiciones internacionales de arbitraje y mediación, como el prestigioso Willem C. Vis Moot, que reúne cada año a cientos de estudiantes de distintos países y los enfrenta a situaciones jurídicas de gran complejidad. En América Latina, numerosas universidades han incorporado juicios simulados no solo como práctica académica, sino también como herramienta de vinculación con la comunidad: en ellos, se abordan problemáticas sociales relevantes y se fomenta una cultura de justicia accesible (Álvarez, 2019).

Impacto en el perfil profesional del jurista

El impacto en el perfil profesional de los futuros juristas es significativo. Los estudiantes que participan en simulaciones adquieren mayor seguridad en la expresión oral, mejoran su capacidad de análisis en tiempo real y desarrollan habilidades de adaptación frente a la incertidumbre. Aprenden a trabajar en equipo, a gestionar emociones en situaciones tensas y a enfrentar dilemas éticos que los preparan para ejercer con responsabilidad social (Spencer, 2017). Estas competencias son esenciales en un mundo jurídico marcado por la globalización, la transformación digital y la necesidad de respuestas rápidas y flexibles. El jurista formado con estas metodologías no solo domina las normas, sino que también comprende el contexto humano, social y tecnológico en el que estas se aplican.

Conclusión

La simulación no debe entenderse como un accesorio ni como una mera innovación pedagógica pasajera, sino como un recurso estratégico para modernizar la enseñanza del Derecho. Su objetivo no es sustituir la enseñanza teórica, sino complementarla de manera decisiva y transformadora. El reto consiste en integrarla de forma sistemática en los planes de estudio, dotar a los docentes de las herramientas necesarias y garantizar que las actividades conserven el rigor académico que requiere la formación jurídica. Apostar por la simulación es apostar por un aprendizaje más realista, más humano y comprometido con la sociedad. En última instancia, se trata de formar juristas capaces no solo de interpretar normas, sino también de interactuar con personas, instituciones y problemas complejos de un mundo en constante cambio.