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La agenda 2030 transforma el mercado legal: los criterios ESG se convierten en factor diferencial de los despachos

Los criterios ESG (Environmental, Social y Governance) son un conjunto de factores ambientales, sociales y de gobernanza que se utilizan cada vez con mayor frecuencia para evaluar el desempeño de una empresa en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Suele utilizarse en el contexto de las inversiones, como criterios no financieros, aunque también se aplica a clientes, proveedores, empleados y público en general.

§  Criterios ambientales (E): se refieren a las prácticas y políticas de una empresa en relación con el medio ambiente, incluyendo el impacto ambiental de sus operaciones, el uso de recursos naturales y la gestión de residuos, así como factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, la protección de la biodiversidad o el impacto en la deforestación.

§  Criterios sociales (S): abarcan los valores corporativos a través de las prácticas y políticas empresariales aplicadas en relación con las personas y las comunidades, incluyendo la igualdad de oportunidades, la seguridad laboral, la diversidad e inclusión, y las relaciones con los grupos de interés.

§  Criterios de gobernanza (G): hacen referencia a la estructura y gestión de la empresa, incluyendo la transparencia, la responsabilidad corporativa, la ética y el cumplimiento normativo.

Los criterios ESG están estrechamente vinculados con la llamada Inversión Socialmente Responsable (ISR), que busca combinar objetivos financieros con criterios éticos, sociales y ambientales.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, constituye el marco internacional más ambicioso para alcanzar un modelo de desarrollo equilibrado entre las dimensiones económica, social y ambiental. A través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, se persigue un cambio estructural que requiere la implicación activa de gobiernos, empresas, sociedad civil y profesiones liberales.

La Agenda 2030 representa un plan de acción global para promover la prosperidad económica, la inclusión social y la protección ambiental. Sus principios fundamentales son:

• Carácter universal: se aplica a todos los países, desarrollados y en desarrollo.
• Equilibrio de las tres dimensiones: integra las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo.
• Enfoque de derechos humanos: sitúa la dignidad, la igualdad y la no discriminación como bases del progreso.
• Participación multiactor: involucra a Estados, sector privado, sociedad civil y ciudadanía.

En este contexto, aunque los despachos de abogados no aparecen expresamente mencionados, su papel como asesores estratégicos, garantes del cumplimiento normativo y actores en litigios de interés público los convierte en agentes clave para la consecución de los ODS.

Desde la perspectiva interna, los bufetes son empresas de servicios profesionales. Integrar la sostenibilidad en su gestión significa alinear sus prácticas con diversos ODS. Algunos ejemplos son:

• ODS 12 (producción y consumo responsables): la digitalización de procesos reduce el uso de papel; un despacho medio que consume 100.000 hojas anuales puede evitar la tala de 12 árboles y la emisión de 0,75 toneladas de CO₂ al año mediante expedientes electrónicos.
• ODS 7 y 13 (energía asequible y acción climática): la incorporación de iluminación LED y la contratación de electricidad renovable disminuyen la huella de carbono organizacional.
• ODS 5 y 8 (igualdad de género y bienestar laboral): la abogacía debe promover políticas de conciliación, diversidad e igualdad dentro de su estructura corporativa.

En su dimensión externa, los despachos contribuyen mediante el asesoramiento jurídico y la defensa de intereses públicos y privados. Su aporte a la Agenda 2030 se proyecta en distintos niveles:

• Cumplimiento normativo ambiental (ODS 13 y 15).
• Gobernanza corporativa (ODS 16).
• Contratación pública sostenible (ODS 12).
• Litigación climática y defensa de comunidades (ODS 13 y 16).

Asimismo, desde la perspectiva ética y social, los códigos deontológicos de la abogacía exigen actuar con lealtad, integridad y responsabilidad social. A la luz de la Agenda 2030, este marco adquiere una nueva dimensión: el impulso de proyectos pro bono en defensa del medio ambiente y comunidades vulnerables, la sensibilización de clientes en sostenibilidad o la participación en alianzas internacionales (ODS 17), como el Pacto Mundial de la ONU o la Climate Law and Governance Initiative.

En definitiva, los despachos de abogados son actores estratégicos en la Agenda 2030, tanto en su dimensión interna —como organizaciones sostenibles— como en la externa —a través del asesoramiento jurídico, el litigio estratégico y la incidencia normativa—. Integrar los ODS en la práctica profesional no solo refuerza la legitimidad ética de la profesión, sino que abre oportunidades competitivas en un mercado donde los criterios ESG se han convertido en estándares de referencia.