El lobo, el poni y la igualdad ante la ley en Europa

La reciente decisión de la Unión Europea de rebajar el nivel de protección del lobo, pasando de la categoría de “estrictamente protegido” a “protegido” en el marco de la Directiva Hábitat, ha abierto un intenso debate jurídico y político. El hecho que actuó como catalizador de esta reforma no es menor: el ataque de un lobo al poni de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su finca familiar en Baja Sajonia.

Conviene recordar que la discusión sobre la convivencia entre grandes depredadores y ganadería llevaba años presente en los despachos de Bruselas. Numerosos Estados miembros y asociaciones de ganaderos reclamaban mayor flexibilidad para gestionar los ataques al ganado, mientras que organizaciones ecologistas defendían la necesidad de mantener la protección estricta para consolidar la recuperación de la especie. El debate, por tanto, no era nuevo.

Sin embargo, lo llamativo —y jurídicamente preocupante— es que el detonante que dio visibilidad y urgencia política al asunto haya sido un episodio estrictamente personal que afectó a la máxima representante de la Comisión. La reacción fue inmediata: se encargó un informe, se aceleraron consultas y, en menos de tres años, se consumó un cambio legal que llevaba décadas bloqueado.

Más allá de la oportunidad o no de la reforma, la cuestión de fondo es otra: ¿puede la vivencia privada de una alta dirigente justificar la alteración de un marco jurídico que afecta a 450 millones de ciudadanos europeos? El principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, exige que todos los europeos estén sujetos a las mismas normas y que las decisiones legislativas respondan a criterios objetivos, generales e impersonales.

Cuando la percepción ciudadana es que una tragedia privada precipita un cambio normativo a escala continental, la confianza en las instituciones se erosiona. La justicia no solo debe ser imparcial, sino parecerlo. Y aquí, la imagen proyectada ha sido la contraria: que la ley se mueve con rapidez cuando la afectada es la presidenta de la Comisión, mientras que los ataques a ganaderos anónimos en zonas rurales de media Europa no habían bastado para desbloquear el debate.

Por supuesto, el legislador puede —y debe— atender a las necesidades de quienes sufren los daños de la convivencia con los lobos. Pero ese análisis debe sustentarse en datos científicos, evaluaciones de impacto y principios de proporcionalidad, no en la presión emocional derivada de un caso particular. La Unión Europea no puede permitirse abrir la puerta a que las experiencias personales de sus dirigentes se conviertan en palanca normativa.

El fondo de la discusión sobre el lobo seguirá abierto, como corresponde a un tema complejo donde confluyen biodiversidad, seguridad rural y cultura. Pero lo que debería quedar fuera de toda duda es que la igualdad ante la ley no se negocia. Si Bruselas ha de modificar sus políticas, que sea por la fuerza de los argumentos y no por el peso de un apellido.