Este es el tercero de una serie de tres artículos que cubren diferentes aspectos legales de la energía eólica en España. El presente artículo cubre los acuerdos contractuales más relevantes en los proyectos de energía eólica. También puede acceder al primer y segundo artículo de esta serie aquí. 

Los proyectos de energía renovable en general y los proyectos de energía eólica en particular son empresas muy complejas que requieren una financiación considerable y una previsibilidad a largo plazo para su desarrollo. Asimismo, los proyectos de energía eólica atraviesan múltiples etapas a lo largo de sus 20 a 30 años de vida, desde la evaluación de los recursos eólicos y la selección del emplazamiento hasta la explotación y el mantenimiento, con la participación de un número considerable de agentes diferentes en el proceso. 

Todo ello contribuye a que los acuerdos contractuales desempeñen un papel fundamental en esas empresas, determinando la responsabilidad de las partes, generando certidumbre, estableciendo normas de rendimiento y repartiendo los riesgos de las transacciones. Además, dado que el mercado de las energías renovables está fuertemente regulado, los acuerdos contractuales también contribuyen a distribuir las numerosas obligaciones generadas como resultado del marco jurídico aplicable de estos proyectos, permitiendo así la especialización entre los diferentes actores que participan en este mercado y, en última instancia, haciendo estos proyectos viables.  

Los contratos comerciales suelen ser acuerdos escritos celebrados por y entre dos o más partes con el fin de establecer y distribuir una serie de obligaciones que surgen en el contexto de una transacción. Sirven de modelo para que las partes implicadas interpreten y ejecuten dicha transacción. En consecuencia, los contratos celebrados por las partes en los proyectos de energía eólica dependen principalmente de la etapa del proyecto en sí, ya que es el elemento principal que determina las transacciones necesarias que deben llevarse a cabo. 

A este respecto, podemos encontrar una importante diversidad de contratos a lo largo de las principales etapas de la vida de una instalación de energía eólica, con una rica diversidad de empresas especializadas en cada una de esas áreas:

i. Evaluación del recurso eólico y selección del emplazamiento.

ii. Planificación, conexión a la red y aprobaciones ambientales.

iii. Financiación y financiabilidad de los proyectos. 

iv. Ingeniería, adquisición y construcción. 

v. Operación y mantenimiento. 

vi. Venta de energía.

vii. Repotenciación y/o desmantelamiento.    

Este artículo se centrará en las fases iv) a vi), describiendo las principales características de los acuerdos contractuales más relevantes en cada una de ellas:

Una vez que se determina la ubicación de la instalación y se obtienen las autorizaciones y aprobaciones necesarias, la instalación de energía eólica prevista entra en la etapa de ingeniería, adquisición y construcción. Esta fase representa la base de un proyecto de energía eólica, ya que es en ella cuando la empresa del proyecto o el promotor realizará el mayor desembolso de capital -véanse los cuadros II.1 y II.2 para obtener información sobre la evolución de los costos de las instalaciones de energía eólica en España y su desglose de costos, respectivamente: 

Aunque las diferentes actividades a realizar durante esta fase pueden contratarse con entidades distintas y a través de varios contratos diferentes, los contratos EPC, también conocidos como contratos de construcción "llave en mano", permiten al promotor contratar todo el proceso a través de un único acuerdo, normalmente con un único contratista que estará obligado a entregar una instalación completa al precio, fecha y nivel de rendimiento acordados. 

Los contratos EPC otorgan un alto grado de flexibilidad, certeza y garantías tanto a los desarrolladores como a los financiadores, encapsulando el complejo proceso de construcción de una instalación de energía eólica en un único acuerdo contractual, por lo tanto, proporcionando un único punto de responsabilidad. Este último contribuye también a mejorar la bancabilidad del conjunto del proyecto, ya que cuantifica y asigna claramente la responsabilidad asumida por cada una de las partes implicadas en el mismo. Por ello, no es de extrañar que los contratos EPC sean la opción preferida de los promotores y prestamistas. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas de los contratos CPE, el promotor puede optar por celebrar un conjunto de acuerdos individuales que cubran cada una de las actividades que de otro modo se comprenderían dentro de un contrato CPE. Debido a las importantes obligaciones asumidas por el contratista en virtud de esos acuerdos, en algunos casos no hay contratistas de buena reputación interesados en concertar un contrato CPE por el precio que el promotor está dispuesto a pagar.

En esos casos, el contrato CPE será sustituido por un conjunto de acuerdos contractuales que abarquen cada transacción o actividad que de otro modo estaría cubierta por un contrato CPE. Esta práctica se denomina también "contrato CPE dividido". Como resultado de este último, el promotor celebrará contratos individuales de suministro de equipos (por ejemplo, contrato de suministro de aerogeneradores), acuerdos de instalación, contratos de balance de planta (BOP) -para obras civiles y eléctricas-, acuerdo de garantía de funcionamiento y mantenimiento (WOM) -para garantizar el nivel de rendimiento-, etc. 

Los contratos de O&M están diseñados para gobernar la operación y mantenimiento de las instalaciones una vez construidas. Los términos de estos acuerdos varían mucho dependiendo de la compañía que opera la instalación. A este respecto, hay dos casos típicos: cuando la instalación es explotada por la propia empresa promotora y cuando esta actividad se subcontrata a otra empresa especializada en la explotación de instalaciones de energía eólica ya construidas a cambio de una remuneración o de la participación en los beneficios del proyecto (ya sea mediante un acuerdo o mediante la entrada en el capital social de la empresa promotora).

Los PPA son acuerdos en los que el cliente (normalmente una empresa que consume grandes cantidades de electricidad) se compromete a pagar una cantidad determinada de electricidad cada año durante un período de tiempo determinado (por ejemplo, de 15 a 20 años). El promotor se compromete a su vez a producir una cantidad mínima de electricidad. La principal ventaja de los PPA (frente a las centrales eléctricas comerciales) es que ofrecen certeza de flujo de caja al promotor, al tiempo que aseguran un precio fijo de electricidad al cliente durante la duración del acuerdo. 

Esto último mejora la bancabilidad del proyecto, facilitando así la entrada de prestamistas e inversores en él. Asimismo, los PPA protegen al cliente contra las fluctuaciones del mercado de la electricidad y le permiten planificar los costos de las compras de energía cada año hasta el vencimiento del acuerdo. La previsibilidad de los ingresos/costes a largo plazo suele lograrse mediante un mecanismo de límites máximos y mínimos, que permite cierto grado de flexibilidad y adapta el precio de la electricidad de acuerdo con las variables acordadas por las partes.

Los contratos legales son uno de los pilares que facilitan el desarrollo del mercado de la energía eólica en España. Con los gobiernos, los fondos de inversión y las organizaciones internacionales apostando por medidas de recuperación respetuosas con el clima financiadas por los paquetes de estímulo masivo del coronavirus, la necesidad de cumplimiento de la normativa y los servicios de redacción de contratos en relación con las energías renovables aumentará sin duda en los próximos años.   

Sin embargo, la naturaleza técnica, la rápida evolución de la tecnología y el complejo entorno reglamentario de los proyectos de energía renovable exigen un alto grado de especialización de los abogados que asesoran en este campo. Por ello, los bufetes de abogados y las empresas de energía renovable deben reforzar sus departamentos jurídicos para poder atender la creciente demanda de servicios jurídicos relacionados con las energías renovables.