Un grupo de abogados estadounidenses ha publicado en el sitio web SSBAmerica.com un formulario de denuncia de las autoridades estadounidenses basado en todas las incoherencias y errores de la Organización Mundial de la Salud y del equipo de salud que asesora al presidente del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci.

"Según la publicación del Grupo de Estudio sobre Coronaviridae (CSG) del Comité Internacional sobre la Taxonomía de los Virus (ICTV) del 2 de marzo de 2020, los datos preliminares que sugerían que había suficiente variación para determinar que se trataba de un nuevo virus frente a una mutación de coronavirus conocidos, no se basaban en principios científicos establecidos, sino que respondían a la anterior declaración infundada de la Organización Mundial de la Salud sobre la novedad tanto del virus como de una nueva enfermedad", se describe en el primer punto del documento jurídico.

Tampoco se ha establecido un vínculo causal entre el CoV-2 del SARS y los síntomas del COVID-19, dice el documento e informa de otras circunstancias como que "el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y sus organizaciones subordinadas -el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)- mantuvieron una patente que impide a cualquier organización independiente realizar pruebas para detectar la presencia de coronavirus transmisibles a los seres humanos hasta 2018, lo que da lugar a una falta total de tecnologías de prueba".

El documento también ataca el Estado de Emergencia impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos: "Ningún funcionario del Estado revisó para su exactitud o veracidad ninguna de las declaraciones causales hechas en la Declaración de Emergencia que contienen declaraciones falsas, engañosas e inductoras de terror".

"Desde abril de 2003 hasta septiembre de 2018, el CDC fue propietario del SARS-CoV, de su capacidad para ser detectado y de la capacidad de fabricar kits para su evaluación. Durante estos 15 años, el efecto de la concesión de este derecho - declarado inconstitucional en 2013 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics - significó que la explotación comercial de cualquier investigación o actividad comercial en los Estados Unidos relacionada con el SARS-CoV constituiría una infracción de la patente ilegal del CDC".

Después de que el Tribunal Supremo declarara que las patentes sobre material genético eran ilegales, el CDC y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dirigido por Antony Fauci, establecieron contratos comerciales con varios Estados y con entidades de países extranjeros (concretamente, el Instituto de Virología de Wuhan y la Academia China de Ciencias) para explotar sus derechos de patente.

Presumiblemente, el CDC y las entidades asociadas fueron:

a) Plenamente conscientes de la labor que estaban realizando con su tecnología patentada;

b) Celebraron acuerdos explícitos o implícitos que incluían la concesión de licencias u otras consideraciones; y

c) Comprometieron voluntariamente uno o más intereses extranjeros para llevar adelante la explotación de su tecnología patentada cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó que esas patentes eran ilegales y cuando los Institutos Nacionales de Salud emitieron una moratoria sobre esa investigación.

En enero de 2018, la Embajada de los Estados Unidos con sede en China envió investigadores al Instituto de Virología de Wuhan y determinó que "durante las interacciones con los científicos del laboratorio de WIV, observaron que el nuevo laboratorio tenía una grave escasez de técnicos e investigadores debidamente capacitados que se necesitaban para operar con seguridad este laboratorio de alta contención".

Después de que los CDC advirtieran del primer caso de SRAS-CoV en los Estados Unidos en enero de 2020, y con la colaboración del Servicio de Inteligencia sobre Epidemias de los CDC informaron de 650 casos clínicos y 210 pruebas. Dado que el patógeno se detectó por primera vez en los informes del 31 de diciembre de 2019, el documento legal concluye que los CDC:

a) Contaba con el mecanismo y los medios para realizar pruebas que confirmaran la existencia de un "nuevo coronavirus",

b) No disponía de dicho mecanismo y comunicó la información de manera falsa en enero. Se pone a prueba la credibilidad para sugerir que la OMS o los CDC podrían fabricar y distribuir pruebas para un patógeno "novedoso" cuando su propio historial posterior de desarrollo y despliegue de pruebas no es fiable.

"Alrededor del 12 de marzo de 2020, en un esfuerzo por enriquecer sus propios intereses económicos mediante la obtención de financiación adicional de los actores tanto federales como de la Fundación, el CDC y el Dr. Fauci del NIAID optaron por suspender las pruebas y clasificar la COVID-19 sólo por la presentación caprichosa de los síntomas", determinó el grupo de abogados que publicó el documento jurídico.