Por medio de un comunicado de prensa emitido ayer por la Law Society of England and Wales, 120 empresas criminales ya se han colapsado, y se espera que sigan otras más. Así pues, el Colegio de Abogados exige más de las propuestas del gobierno, y por esta razón presentó una respuesta complementaria a una consulta sobre las propuestas provisionales de la revisión de la asistencia jurídica penal, ya que temen que la crisis de COVID-19 pueda conducir a la caída de la asistencia jurídica penal. 

Law Society ha reportado esta semana una caída del 10% en las empresas de asistencia jurídica penal en comparación con 2019, con 124 empresas menos que el año pasado. Las medidas aceleradas propuestas por el gobierno, que eran una esperanza de alivio muy necesario para muchos, no lograron hacer frente a la situación incluso antes del brote de la pandemia del coronavirus. 

Simon Davis, Presidente de la Law Society, comenta que "como resultado de la pandemia, el trabajo de los bufetes de asistencia jurídica penal ha caído en picado, dejando a muchos aferrados a la supervivencia. Sin una intervención urgente, existe el peligro de que muchos más planes de abogados de oficio se enfrenten a un colapso inminente". Añade "hemos dejado claro desde el comienzo de la pandemia que las empresas de asistencia jurídica penal se enfrentan a un triple golpe: problemas inmediatos de liquidez, pérdida permanente de ingresos a corto y medio plazo y la crisis de sostenibilidad preexistente". A menos que el gobierno se ocupe de los tres, existe un grave riesgo de colapso del mercado a gran escala".

Para más detalles vea el comunicado de prensa original de la Law Society.