La CE (Comisión Europea) ha aprobado un plan "general" para el Reino Unido con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como a las grandes empresas del Reino Unido que se han visto afectadas por el brote de coronavirus. El presupuesto estimado del plan "paraguas" es de 50.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 57.000 millones de euros), y se ha aprobado con arreglo al Marco temporal de ayudas estatales que ha adoptado la Comisión.

La medida de apoyo del Reino Unido permite la prestación de ayuda en forma de: 

- Subvenciones directas, inyecciones de capital, ventajas fiscales selectivas y pagos anticipados;

- Garantías estatales para préstamos sujetos a salvaguardias para que los bancos canalicen la ayuda estatal a la economía real;

- Préstamos públicos subvencionados a empresas con tipos de interés favorables;

- Apoyo a la investigación y el desarrollo (I+D) relacionados con el coronavirus;

- Apoyo a la construcción y ampliación de instalaciones de ensayo para desarrollar y probar productos útiles para hacer frente al brote de coronavirus;

- Apoyo a la producción de productos útiles para hacer frente al brote de coronavirus.

La medida se aplica a todo el territorio del Reino Unido y está dirigida a las PYME y a las grandes empresas. Las autoridades del Reino Unido pueden conceder ayudas a todos los niveles, ya sea directa o indirectamente, en caso de que se trate de garantías sobre préstamos, a través de instituciones de crédito y otras instituciones financieras como intermediarios financieros. Las ayudas sólo pueden concederse hasta finales de este año. 

La Comisión llegó a la conclusión de que estas medidas son necesarias, apropiadas y proporcionadas para poner remedio a una grave perturbación de la economía del Reino Unido, de conformidad con el apartado b) del párrafo 3 del artículo 107 del TFUE y las condiciones establecidas en el Marco temporal. Sobre esta base, la CE aprobó la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. El Marco Temporal estará en vigor hasta finales de diciembre de 2020. Con miras a garantizar la seguridad jurídica, la Comisión evaluará antes de esa fecha si es necesario prorrogarlo.